Alarma social: el 40% de las familias en barrios populares debió dejar de comer un día entero por falta de ingresos
Un informe conjunto de organizaciones sociales y observatorios universitarios revela el avance dramático de la inseguridad alimentaria severa. En medio del ajuste en asistencia estatal y la parálisis de comedores comunitarios, cuatro de cada diez hogares vulnerables pasaron jornadas completas sin ingerir alimentos.

La crisis socioeconómica que atraviesa la Argentina muestra su rostro más desgarrador en los márgenes urbanos del país. Un reciente y exhaustivo relevamiento territorial realizado por observatorios sociales, universidades y redes barriales arrojó un indicador escalofriante: el 40% de las familias radicadas en barrios populares debió pasar al menos un día entero sin comer nada en los últimos meses debido a la absoluta falta de recursos económicos.
El informe expone el deterioro abrupto de las condiciones mínimas de subsistencia. La combinación de la suba sostenida en el precio de la Canasta Básica Alimentaria, la precarización del mercado laboral informal, el colapso del poder adquisitivo de las changas y el freno a las transferencias de alimentos hacia merenderos populares generó un salto cuantitativo en lo que las estadísticas técnicas denominan 'inseguridad alimentaria severa'.
RADIOGRAFÍA DEL HAMBRE EN LOS ASENTAMIENTOS
• Inseguridad alimentaria severa: El 40% de los hogares pasó al menos 24 horas continuas sin ingerir comida.
• Estrategias de supervivencia: 8 de cada 10 familias redujeron las porciones diarias o suprimieron comidas principales (cena o almuerzo).
• Desnutrición infantil: Creciente dependencia de harinas, fideos y mate cocido, con virtual desaparición de carne, lácteos, frutas y verduras.
• Colapso de comedores: El 70% de los espacios comunitarios opera al límite o debió reducir sus días de entrega por falta de insumos estatales.
El desmantelamiento de la red de contención comunitaria
Históricamente, los comedores comunitarios y las copas de leche funcionaron como el dique de contención primario ante los picos de recesión. Sin embargo, la interrupción y demora sistemática en el reparto de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano ha empujado a estas instituciones a un estado de desborde total.
Dirigentes barriales y referentes territoriales advierten que la demanda en las ollas populares aumentó de manera exponencial en el último año: no solo asisten niños en edad escolar, sino grupos familiares enteros, jubilados que cobran el haber mínimo y trabajadores que, aun manteniendo empleos de jornada completa, no logran cubrir las necesidades nutricionales de sus hogares.
«Ya no estamos discutiendo si una familia come variado o si puede comprar carne; estamos ante hogares que saltean días enteros porque la plata no alcanza ni para el pan. Es una emergencia humanitaria silenciosa en las barriadas.»
— Informe de la Red Territorial de Emergencia Alimentaria.
La correlación con los índices de pobreza que inquietan al poder
Este crudo panorama territorial se conoce en la misma antesala de la publicación de los datos del INDEC sobre pobreza e indigencia, cuyas estimaciones anticipan que el número oficial trepará al 31%, sumando cerca de 1,7 millones de nuevos pobres en el país.
Especialistas en salud pública advierten que las secuelas del déficit alimentario severo en las infancias no admiten dilaciones temporales: el impacto cognitivo y físico de meses de privación nutricional deja secuelas irreversibles en el desarrollo infantil. Ante ello, organizaciones eclesiásticas, movimientos sociales y bloques legislativos preparan una fuerte ofensiva parlamentaria para declarar formalmente la Ley de Emergencia Alimentaria y forzar al Ejecutivo a reactivar el flujo de partidas presupuestarias.








