Del DNU a la Corte Suprema: las claves detrás del fallo que reactivó la derogación de la Ley de Tierras
El máximo tribunal avaló la vigencia del artículo 154 del DNU 70/23 tras desestimar el amparo presentados por excombatientes de Malvinas. El revés judicial para la restricción a la venta de campos a extranjeros se da apenas dos meses después de que el Gobierno fracasara en modificar la norma en el Congreso.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la regulación sobre la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros se transformó en un intenso eje de debate político y legal. Tras una larga batalla en los tribunales y tras haber quedado truncado su debate parlamentario hace apenas dos meses, el panorama cambió de manera drástica: la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la medida y ratificó la validez técnica de la derogación incluida en el DNU 70/23.
La resolución contó con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su argumento central, los magistrados determinaron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) —entidad promotora del amparo inicial— carecía de "legitimación activa" para litigar en nombre de un derecho de incidencia colectiva sobre la soberanía territorial, anulando así las actuaciones previas de instancias inferiores.
La cronología del conflicto: del mega decreto al rechazo legislativo
Para comprender la trascendencia del fallo judicial es necesario repasar el recorrido que atravesó la normativa desde fines de 2023:
- Diciembre de 2023: El Poder Ejecutivo emite el DNU 70/23, que disponía la derogación de la Ley 26.737 (sancionada en 2011), la cual fijaba que los titulares extranjeros no podían superar el límite del 15% de la superficie rural a nivel nacional, provincial o departamental.
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Enero de 2024: El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dicta una medida cautelar tras la presentación de la agrupación de veteranos, suspendiendo los efectos del decreto. Posteriormente, la Cámara Federal platense ratifica la inconstitucionalidad de derogar la norma por vía decretal.
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Marzo de 2026: Frente al freno judicial, el oficialismo intenta validar la desregulación enviando al Congreso el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, ante el rechazo de bloques opositores y las movilizaciones sociales, el apartado sobre tierras debe ser retirado del articulado para lograr la aprobación del resto de la ley.
El escenario tras el dictamen del máximo tribunal
Con este pronunciamiento, el Poder Judicial resolvió por la vía procesal una discusión que la política no había logrado saldar en el Congreso. La resolución no solo revierte los fallos de la Cámara de La Plata, sino que quita el freno a las operaciones inmobiliarias rurales sin los topes que regían desde hace más de una década.
Sin embargo, el escenario dista de estar pacificado: tras conocerse el dictamen de la Corte Suprema, diversos bloques de la oposición y organizaciones sociales anunciaron que impulsarán movilizaciones y no descartan solicitar una sesión especial en el Congreso para abordar la validez del DNU y pedir explicaciones al tribunal.
