Ley de Tierras: la Corte revocó el fallo que declaraba inconstitucional su derogación

El máximo tribunal rechazó la demanda contra el DNU 70/23 al considerar que la entidad demandante carecía de legitimación procesal para litigar por la soberanía territorial.

LEY DE TIERRASCONECTADOS29 de septiembre
Ley de Tierras: la Corte revocó el fallo que declaraba inconstitucional su derogación
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23 —disposición que derogó la Ley de Tierras Rurales— al determinar que la organización que promovió la acción judicial carecía de legitimación.

El tribunal sostuvo que "frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia". La resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, incluyó además un llamado de atención hacia los tribunales inferiores por admitir presentaciones alejadas de los recaudos constitucionales.

Asimismo, los magistrados aclararon que el pronunciamiento se limita estrictamente a cuestiones procesales y no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo en cuestión ni interfiere en las competencias del Poder Legislativo.

Origen del litigio judicial

La causa se inició tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Ejecutivo Nacional para anular la derogación de la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales):

1784223388664- Medida cautelar inicial: En enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak repuso temporalmente la vigencia de la norma.

  • Rechazo en primera instancia: Posteriormente, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto la cautelar al señalar la falta de legitimación de la agrupación.

  • Fallo de Cámara: La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión y declaró la inconstitucionalidad del articulado del DNU, medida que fue apelada por el Estado Nacional.

Al resolver la apelación final, el máximo tribunal concluyó que encuadrar la soberanía nacional como un bien colectivo apto para sustentar un proceso judicial de este tipo "carece de todo fundamento".

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