Londres cruzó a Milei por Malvinas y blindó a las petroleras: «Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción»

A través de directivas oficiales para inversores extranjeros, el Foreign Office desconoció la autoridad argentina para sancionar a empresas que operan en el archipiélago. La administración británica respaldó las perforaciones del megaproyecto Sea Lion, mientras el Palacio San Martín emitió un enérgico repudio recordando la usurpación ilegítima desde 1833.

MALVINAS ARGENTINASCONECTADOS15 de septiembre
A través de directivas oficiales para inversores extranjeros, el Foreign Office desconoció la autoridad argentina para sancionar a empresas que operan en el archipiélago. La administración británica respaldó las perforaciones del megaproyecto Sea Lion, mientras el Palacio San Martín emitió un enérgico repudio recordando la usurpación ilegítima desde 1833.
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La controversia diplomática entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las Islas Malvinas escaló a un nuevo punto de máxima fricción bilateral. El Gobierno del Reino Unido publicó en las últimas horas una serie de directrices bajo el título 'Haciendo negocios con las Islas Malvinas', mediante la cual desconoció explícitamente cualquier potestad legal de la República Argentina sobre el archipiélago y ofreció un blindaje institucional a las compañías transnacionales que explotan ilegalmente recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina.

El pronunciamiento de la corona británica surgió como respuesta directa al giro discursivo y a la reciente ofensiva administrativa iniciada por el Gobierno de Javier Milei, que reactivó intimaciones judiciales y sanciones económicas contra directivos y firmas que operan en las islas sin autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.

«La postura del Gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto de ninguna empresa o particular que realice negocios en las Islas o vinculados a ellas.»

— Directiva oficial del Gobierno del Reino Unido.

El negocio multimillonario detrás del choque: el proyecto Sea Lion

El epicentro de la disputa tiene nombre propio: el megayacimiento petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 215 kilómetros de las costas del archipiélago. Con reservas certificadas y estimadas en más de 500 millones de barriles de crudo de alta calidad, el emprendimiento representa uno de los activos energéticos no convencionales más codiciados del Atlántico Sur.

La explotación está controlada en un 35% por la británica Rockhopper Exploration y en un 65% por la empresa de capitales israelíes Navitas Petroleum. Ambas firmas avanzan en el cierre financiero para instalar una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), con planes de extraer los primeros barriles comerciales antes del cierre de la década, en abierta violación a la Ley de Hidrocarburos argentina (Ley 26.659).

EL BOTÍN PETROLERO EN DISPUTA: RADIOGRAFÍA DE SEA LION

• Ubicación estratégica: Cuenca Malvinas Norte, a 215 km de las islas.

• Reservas estimadas: Más de 500 millones de barriles de crudo recuperable.

• Composición accionaria: Navitas Petroleum (65%, Israel) y Rockhopper Exploration (35%, Reino Unido).

• Régimen sancionatorio argentino: La Ley 26.659 establece inhabilitaciones comerciales, penas de prisión e incautación de bienes a empresas que operen sin autorización del Estado nacional.

## La enérgica respuesta de Cancillería: usurpación colonial ilegítima

Tras la difusión de las advertencias británicas, el Palacio San Martín emitió una formal y contundente declaración de rechazo. La Cancillería argentina remarcó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional y se encuentran 'ilegítimamente ocupados por el Reino Unido desde 1833'.

Asimismo, las autoridades diplomáticas argentinas denunciaron que la publicación británica 'pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas', vulnerando la Resolución 2065 de las Naciones Unidas y la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta expresamente a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que alteren el statu quo del territorio mientras persista la controversia de soberanía.

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