Un informe desmiente las cifras del Gobierno sobre deportaciones y supuestos “terroristas”
A través de un pedido de acceso a la información pública presentado por El Destape, la Dirección Nacional de Migraciones expuso los datos reales: las expulsiones del último año no alcanzan los mil casos y responden mayoritariamente a infracciones administrativas o documentación vencida, lejos de las versiones oficiales.
Las afirmaciones del presidente Javier Milei durante su última entrevista televisiva, en la que sostuvo haber expulsado a más de 20.000 "terroristas" que buscaban "dinamitar el modelo argentino", colisionaron de frente con los propios registros del Estado. La respuesta oficial brindada por la Dirección Nacional de Migraciones ante un pedido de acceso a la información pública confirmó que los números reales distan drásticamente de las declaraciones del mandatario.
Según la documentación oficial remitida por el organismo conducido por Sebastián Pablo Seoane, las deportaciones efectivas de personas que ya se encontraban en el país alcanzaron apenas los 744 casos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.
> Los números reales de Migraciones: De los 18.947 rechazos registrados en las fronteras (personas que no llegaron a ingresar al país), el 42% obedeció a infracciones migratorias simples (como falsos turistas) y un 33% a la falta de documentación habilitante. Solo el 24% correspondió a impedimentos judiciales ordinarios.
La brecha entre el discurso y las estadísticas de frontera
El desglose brindado por las autoridades migratorias expone la naturaleza de las demoras e impedimentos de ingreso en los pasos fronterizos durante el período analizado:
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Infracciones migratorias: 8.008 casos (42%), correspondientes a turistas no declarados, irregularidades en la permanencia o alertas administrativas.
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Sin documentación habilitante: 6.298 rechazos (33%) por pasaportes vencidos o falta de visados.
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Impedimentos judiciales: 4.566 casos (24%) vinculados a capturas o antecedentes por delitos comunes.
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Documentación apócrifa o cancelaciones: Representaron menos del 1% del total.
En ningún tramo del informe oficial de Migraciones ni en los registros del Ministerio de Seguridad se consigna la existencia de causas judiciales, procesamientos ni expulsiones vinculadas a delitos de terrorismo internacional o células de infiltración política.
El trasfondo del proyecto de Ley de Control Social
La polémica por el manejo de las cifras coincide con la discusión del proyecto de ley denominado de Defensa de la Soberanía Nacional —bautizado por la oposición como "Ley de Control Social"—, que busca modificar el funcionamiento del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).
El texto impulsado por el Poder Ejecutivo propone que la inclusión de personas en dicha nómina no requiera de una causa ni de un procesamiento penal previo, sino que pueda ser efectuada mediante una resolución administrativa fundada por la Unidad de Información Financiera (UIF) junto con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los ministerios de Seguridad y Justicia.
Las cifras y la falta de causas concretas se contraponen además con las recientes declaraciones del titular de la SIDE, Cristian Auguadra, quien en su presentación ante la Comisión Bicameral de Inteligencia desestimó la existencia de amenazas o células terroristas operando dentro del territorio nacional.
